Libertad de expresión. Fortaleza democrática.

El silencio no te protegerá
Audre Lorde

Uno de los primeros síntomas de un poder político débil es el ataque sistemático al derecho a la libertad de expresión. La fórmula es inversamente proporcional, menos libertad, más debilidad, porque solamente atacamos a quien no dice lo mismo que nosotros cuando no tenemos argumentos para rebatirle o suficiente discurso para discutirle. Las sociedades avanzadas saben que la censura nunca es la solución y que reprimir el parecer de la mayoría también suele tener un alto precio, como lo es la falta de salud democrática, la perversión de las instituciones, las protestas continuadas o la represión directa. Todo suele pasar factura.

El Estado español, en los últimos años, ha ido preparando el terreno para hundir las libertades individuales y colectivas, y ahora asistimos a una degradación sin límites de los principios democráticos. Muchos organismos que velamos por los derechos humanos ya advertimos de las consecuencias a corto plazo de la llamada «ley mordaza», aprobada en 2015, y que convertía automáticamente en delito hechos tipificados hasta entonces como falta en el código penal. La reforma del código penal ha supuesto un cambio profundo en el modelo punitivo y un aumento alarmante de la represión y el control social, dirigido principalmente contra las clases empobrecidas y la protesta social. Y ha tenido efectos devastadores, sobre todo en el campo de la creación artística: estos días salen sentencias de dos o tres años por una palabra en una canción o una broma en las redes sociales, por una parodia… Súbitamente ha aparecido un sector con una piel muy fina que se permite decir todo lo que quiere impunemente, pero que no acepta ninguna crítica y utiliza los mecanismos de la justicia, que debe ser garantía para todos, para combatir al supuesto enemigo, cuando lo podría hacer con la dialéctica.

El 1-O desató esta tendencia, que muchas organizaciones que consideramos el derecho a la libertad de expresión como fundamental ya habíamos denunciado ante organismos internacionales. Cuando un estado promueve la denuncia, básicamente, de un sector de la población al que considera no afín a sus intereses, cuando utiliza el sistema judicial que, previamente, ya ha hecho legislativamente a medida para hacerlo caber todo, cuando llega al absurdo de cerrar cuentas de Twitter o webs por la sencilla razón de que no tienen su discurso, los afectados somos toda la población. Quien está amordazada es toda la gente que quiere ejercer su derecho irrenunciable. La situación de deterioro se tiene que parar, porque cuando todo se confunde y se pervierte también el lenguaje, la deriva antidemocrática está servida. Diría que todo el mundo quiere vivir en una sociedad avanzada, pero no hay sociedad avanzada sin libertad, y no hay libertad sin respeto a los derechos humanos.

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