¿Elecciones democráticas sin igualdad de condiciones?

Las elecciones que Mariano Rajoy, presidente del estado español, ha convocado en Cataluña arrogándose competencias que no le corresponden y que ahora en un informe ha ratificado, no tenía posibilidad de convocar el Consell de Garantías Estatutaries, ya que las ha convocado envuelto en la bandera del artículo 155 de la Constitución Española que le permitió quitar un gobierno legítimamente elegido y que el Consell indica no era posible, se van a celebrar con presos políticos catalanes, con exiliados y con otros candidatos que, aunque estén en libertad provisional, tienen sobre sus cabezas los precedimientos judiciales abiertos por delitos que tienen aparejadas penas durísimas de cárcel.

Es decir, se van a celebrar unas elecciones, una campaña electoral, en un marco donde no todo el mundo puede participar en condiciones de igualdad. De eso sabemos algo l@s vasc@s.
Por eso, si en algún lugar de Europa se puede entender la situación y la sensación que pueda tener la ciudadanía catalana es en Euskal Herria.

Durante años, desde las Sentencias de ilegalización de Herri Batasuna, Batasuna, Euskal Herritarrok en el año 2003, cada vez que arrancaba una campaña electoral en nuestro país, se desataba toda la maquinaria judicial-policial a fin de impedir que agrupaciones electorales, partidos políticos o cualquier posibilidad electoral que pudiera ponerse en marcha para participar en la contienda electoral, para presentarse a las elecciones. Para ello se hacían informes policiales al uso, que no eran más que atestados, pero que les dieron rango de pericial y con esos informes se armaban demandas que se dirimían en un tiempo record en contra de cualquier posibilidad de ejercitar la defensa en condiciones, sin posibilidad prácticamente de proponer prueba, para que La Sala del artículo 61 del Tribunal Supremo y más tarde el Tribunal Constitucional decidiera a veces cerca de la medianoche, quienes podían concurrir y quienes no.

Al final la decisión siempre era favorable a la tesis policial sustentada por el Fiscal, lo que hacía que el terreno de juego electoral se alterase, posibilitando que quienes en realidad, como se ha demostrado en las últimas elecciones al Parlamento Vasco, son residuales, pudieran incluso tener Lendakari y dirigir la política de nuestro país, aunque con su dirección no se avanzara ni en la solución del conflicto político, ni en la consecución de la paz.

En Cataluña no han ilegalizado partidos políticos, por lo que teóricamente, todo el mundo parte en igualdad de condiciones, pero esto no es así en realidad, hay candidatos presos que no van a poder hacer campaña electoral, exiliados que no van a poder hacer campaña en contacto directo con las gentes de su país, los programas electorales deberán ser redactados con lupa, se controla a los medios públicos por parte del Estado Español, a los que ya se quiso intervenir en su día. El independentismo deberá vigilar al máximo el proceso electoral para garantizar que lo que salga es real y evitar un pucherazo. Ahora, además, hemos conocido que el instructor del Tribunal Supremo amplía su investigación en la que incluye a más candidatos y a miembros de dirección de partidos.

Hablar en estas condiciones de que estas elecciones son democráticas que se dan en igualdad de condiciones, no deja de ser una ironía.

No lo son, el marco constitucional vigente controla estas elecciones, su desarrollo, y permite a quien le interese y como le interesa su participación, sin importarle los mecanismos mal llamados legales que tenga que utilizar para ello.

El Estado Español y sus brazos judiciales han resuelto su victoria mediante la conversión en un solo sujeto operativo la Ley a la que le dan prioridad absoluta. No debemos olvidar que la Ley es medida casi siempre por un nucleo represivo que ampara al poder en sus diferentes expresiones, de ahí su aleatoriedad y el carácter represor que yace en esa legalidad, y que es perceptible por el lenguaje amenazante que emplea.
En este contexto se desarrollaran las elecciones.

Aún así y todo, el independentismo catalán, aunque ha denunciado estas elecciones como ilegítimas ha decidido concurrir a las mismas, como en su día en Euskal Herria se hizo por la izquierda abertzale ilegalizada. La decisión es de aplaudir, y desde aquí nos toca acompañarla, porque quien aún en estas condiciones decide participar demuestra una cosa importante: Que no tiene miedo a las urnas, no tiene miedo a que la gente decida, todo lo contrario, quieren que decidan y que se respete su decisión, lo que hasta ahora no ha sucedido en Cataluña, porque frente a la decisión de los catalanes se ha impuesto la violencia legal del Estado Español.

Pero no solo por esto es importante presentarse, sino porque como pudimos comprobar en Euskal Herria, si no se participa se deja libre el espacio a la minoría no independentista, que dice ser mayoría cuando no está en la contienda electoral.

Por eso, a pesar de todo, hay que participar. Por encima de las dificultades y de las limitaciones de los derechos, está el país, está Cataluña. El 21D no está en juego solo quien gobernará Cataluña, está en juego la democracia y conseguirla, a la vista está, pasa por el triunfo del independentismo y el fracaso del bloque del 155.