Libertad de expresión o dictadura

Toda censura y supresión de la libertad de expresión presupone arrogarse el don de la infalibilidad. Una pretensión tan absurda no puede jamás sostenerse por la fuerza de la razón. Por ese motivo se acude a la razón de la fuerza y a la intimidación. La primera se aplica mediante los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y la segunda mediante la acción impune de bandas de extrema derecha en relaciones más o menos confesables con esas mismas fuerzas. Quienes se enfrenten a la razón de la fuerza acabarán, y acaban, en la cárcel, símbolo típico de la violencia institucional del Estado en el ejercicio de la biopolítica. Con los representantes democráticos de la mayoría presos o exiliados políticos, no es mucho imaginar que haya una reacción colectiva de desobediencia civil. Es esta una acción colectiva no violenta que se enfrenta a las leyes desde una actitud de conciencia por considerarlas injustas. Esa injusticia se hace patente cuando de su aplicación se sigue un ataque a los derechos fundamentales de la ciudadanía, que prevalecen siempre sobre las leyes. Ante esto, la autoridad se enroca en un estado de excepción de hecho con el art. 155 que santifica la abolición de la división de poderes, punto central del Estado de derecho y baluarte frente a la dictadura.