Dominació i (Il·)Legitimitat

Hace tiempo que el Estado español sustenta su poder sobre Cataluña mediante la dominación. Dominación es imponer a través del Tribunal Constitucional un Estatuto de Autonomía contra la voluntad del Parlament de Catalunya y de la ciudadanía. Dominación es rechazar cualquier propuesta para profundizar en el autogobierno, ejercer un control financiero injustificado, invadir competencias con leyes de bases u otros mecanismos recentralizadores y recurrir sistemáticamente al Tribunal Constitucional (y suspender) las leyes del Parlament. Dominación es invitar a presentar una propuesta de referéndum en una asamblea legislativa española que, previo al debate, ya ha determinado el resultado. Dominación es responder a la convocatoria de un referéndum con una grave vulneración de derechos fundamentales y una desenfrenada represión política (artículo 155, presión a empresas), policial (uso de la fuerza contra la gente, identificaciones, registros y detenciones arbitrarias) y judicial (‘causa general’ contra el independentismo). Se ha estirado tanto el llamado ‘estado de derecho’ que no puede ni cruzar la frontera española sin derrumbarse, como demuestra la retirada de la euro-orden para la extradición del presidente y los consejeros de la Generalitat exiliados en Bruselas. Ante este escenario, no existe zona de confort. La equidistancia del ‘ni DUI ni 155’ implica un acomodo a la política de la dominación.
Con la predominante concepción orgánica de la nación española y la incapacidad de respetar a las minorías, España ha sido siempre un proyecto fallido de comunidad nacional. Con el uso de la coerción y el inmovilismo del marco legal como únicas respuestas, España es también hoy un proyecto fallido de comunidad política que no se resolvería con un gobierno del Estado más ‘amigo’. El Estado español es percibido por una parte muy significativa de la población catalana – quizás mayoritaria, si fuera posible medirla con un referéndum pactado – como un poder injusto al que no otorga legitimidad. La falta de legitimidad afecta al poder ejecutivo, legislativo y judicial, al rey y a los principales medios y partidos políticos estatales. En cualquier lugar del mundo, esto supone un punto de no retorno. Cuando las personas consideran que sus derechos y libertades, tanto individuales como colectivos, no son adecuadamente protegidos, tienen derecho, como último recurso, a la rebelión contra la opresión. Así lo ampara el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Como decía Emma Goldman, ‘la gente dispone sólo de tanta libertad como tiene la inteligencia de desear y el coraje de tomar’.